COMUNICADO CEDH-003/2022
Tuxtla Gutiérrez, martes 8 de marzo del 2022.

Como todas y todos bien sabemos, el 8 de marzo es la fecha que conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este día tiene la importante función de recordarnos que la participación de las mujeres en todas las esferas de la sociedad, en igualdad de condiciones con el hombre, “es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz”, pero sobre todo, es también una ocasión propicia para que las instituciones públicas realicemos un ejercicio de reflexión y autocrítica acerca de los compromisos y deudas que están pendientes de cumplir a fin de que las mujeres cuenten con la posibilidad de trazar y desarrollar un plan de vida digno, realizar plenamente sus potencialidades y ejercer sus derechos de manera libre y autónoma. En una frase: “construir condiciones favorables para que materialicen su empoderamiento”.
Sin embargo, la distancia entre la ley escrita y la realidad que soporta un extenso sector de la población de mujeres es todavía amplia; esto debido a que la discriminación contra la mujer constituye la peor afrenta al empoderamiento y autonomía femeninas. Por ello, es fundamental reconocer que contar con un marco jurídico de protección no ha sido suficiente para aliviar y remediar las hondas asimetrías y obstáculos que cientos de miles de mujeres enfrentan en su vida diaria. De cara a este panorama, las instituciones públicas tenemos la obligación de sujetar nuestras acciones y responder eficazmente al mandato
constitucional.
En tal virtud, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hace un respetuoso, pero enérgico llamado a adoptar políticas y programas que contribuyan a transformar los patrones socioculturales discriminatorios que aún persisten, con miras a prevenir, sancionar y erradicar la violencia por razones de género contra las mujeres, niñas y adolescentes, tanto en el espacio público como en el privado. Las acciones y decisiones que se adopten deben estar diseñadas, implementadas y evaluadas tomando en cuenta las necesidades particulares de este grupo y las barreras materiales y sociales existentes.
Finalmente, no menos importante es señalar que se requiere fortalecer el andamiaje institucional con apoyo en la promoción y educación en derechos humanos, ya que el respeto y garantía de los bienes jurídicos más esenciales representa la posibilidad de
lograr un mundo mejor y más justo.